El Banco Central mete lupa sobre cada transferencia: cómo funciona el nuevo escudo antifraude que ya llega a tu billetera

Lo conocí a Daniel en la fila del banco, esa mañana de martes en la que uno va con la planilla de impuestos bajo el brazo y la paciencia corta. Tenía el ceño fruncido mientras miraba el celular y, antes de que le preguntara nada, me dijo casi en voz baja: "Mirá, me acaban de llamar del banco para verificar una transferencia que yo mismo hice. Antes eso no pasaba". Lo que le estaba ocurriendo a Daniel tiene nombre y apellido: es el efecto más visible de la nueva batería de controles que el Banco Central de la República Argentina viene empujando desde septiembre y que, de acá en adelante, va a cruzar más información que nunca sobre cada cuenta, cada transferencia y cada billetera digital del país.

Lo que cambió, en concreto, es que la autoridad monetaria empezó a distribuir información pública entre los administradores de transferencias inmediatas para que cada banco, cada fintech y cada proveedor de billetera virtual pueda armar un perfil de riesgo por usuario. Esa información llega sin costo y funciona como una capa de alerta extra por encima de los modelos antifraude que cada empresa ya viene utilizando. La idea, me la explicaron varias fuentes del sector, es bastante sencilla de entender y a la vez bastante profunda: una cuenta puede parecer normal si uno se limita a mirar lo que hace adentro de una sola billetera, pero cuando se la cruza con datos externos, ciertos patrones empiezan a dibujar otra cosa, y ahí es donde aparece la señal de alerta.

Tres momentos clave para mirar con más cuidado

• Cuando se incorpora un cliente nuevo: las entidades pueden consultar el perfil de riesgo antes de abrir la cuenta.
• Durante el monitoreo habitual de transacciones: cada movimiento se analiza con la información ampliada.
• En las revisiones periódicas conocidas como KYC, las normas de "conocé a tu cliente" que ya aplican los bancos.

El foco principal de todo este andamiaje está puesto en las cuentas que terminan canalizando dinero hacia circuitos de apuestas clandestinas, que son el agujero negro por el que se filtra buena parte del fraude electrónico en la Argentina. Pero el esquema no se queda ahí: también cubre otras modalidades de fraude digital que crecieron al ritmo brutal que crecieron las transferencias por celular en los últimos años. Y cuando digo brutal, lo digo con números: solo en julio se hicieron 777 millones de transferencias inmediatas por 99,5 billones de pesos, lo que significa un 22,2 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Para dimensionar lo que eso implica en la vida cotidiana basta con un dato: tres de cada cuatro operaciones se hicieron usando una Clave Virtual Uniforme, que es el código alias que identifica a cada billetera. Es decir, la mayoría de los argentinos ya casi no pasa por el home banking tradicional.

La normativa que se publicó en el Boletín Oficial el 1° de septiembre va bastante más allá del sistema de perfiles. A partir de ahora, todas las entidades financieras tienen la obligación de incorporar el fraude, tanto el que pueda venir de adentro de la propia empresa como el que venga de afuera, a lo que técnicamente se llama gestión de riesgo operacional. En la práctica, esto quiere decir que cada banco tiene que definir políticas antifraude con todas las letras, fijar niveles de tolerancia aceptables y, sobre todo, designar a una persona específica como responsable de esa función, alguien de carne y hueso al que se le pueda preguntar qué se está haciendo y qué no. Para que nadie se haga el distraído, la regulación además obliga a reportar al directorio, que es la máxima autoridad de cada banco, cómo viene evolucionando la gestión del fraude al menos una vez por trimestre.

Para las billeteras digitales y el resto de los proveedores de cuentas de pago, el calendario es más gradual, y tiene mucho sentido que así sea porque son los jugadores más nuevos del sistema. Entre septiembre y diciembre de este año tienen tiempo para definir las estructuras internas y las políticas antifraude; durante todo 2027 van a avanzar en la documentación de procesos y en la adaptación de sus sistemas; y el plazo final para tener todo completamente implementado vence en septiembre de 2027, según lo dispuesto por el Banco Central.

Ahora, si uno se pone en los zapatos del usuario de a pie, lo que va a empezar a notar es algo parecido a lo que le pasó a Daniel: llamados del banco para verificar transferencias que uno efectivamente hizo, alertas en la app cuando se detecta un movimiento fuera de patrón, y la posibilidad de que alguna operación quede momentáneamente bloqueada hasta que se confirme que el dueño de la cuenta es quien dice ser. Es un costo en comodidad, sí, pero también es la contracara de un sistema que mueve casi cien billones de pesos por mes y que se convirtió, querámoslo o no, en el principal blanco de los que todos los días inventan una manera nueva de vaciarle la cuenta a alguien. Como me dijo Daniel, ya en la puerta del banco, con la planilla firmada y el ceño un poco más distendido: "Me molestó el llamado, pero pensándolo bien, prefiero que me llamen a que me roben".