Córdoba: la odisea de certificar una discapacidad y conseguir una terapia a tiempo

A Carolina le dijeron que el turno para la junta evaluadora del Certificado Único de Discapacidad en un hospital pediátrico de la Ciudad de Córdoba se iba a entregar dentro de dos o tres meses. Ella lo escuchó y, casi sin pensarlo, empezó a hacer cuentas: dos meses en los que su hijo seguía esperando una rehabilitación que ya le habían indicado, dos meses más de consultas particulares que salían de su propio bolsillo, dos meses en los que ella iba a seguir acomodando su trabajo alrededor de los horarios que conseguía. La escena que me imaginé, mientras leía el informe, es la que repite cualquier familia que tiene que moverse por ese laberinto.

El documento al que hago referencia lo presentó la Defensoría del Pueblo de Córdoba el 5 de octubre de 2026, con un título que no deja margen a la confusión: ahí se registran demoras para acceder a terapias, prótesis y medicamentos, y se describen las consecuencias económicas y emocionales que esas demoras les dejan a las familias. No se trata de un relevamiento con cifras que abarquen a toda la población, ojo: la metodología fue de entrevistas y grupos focales, así que hay que leerlo como un mapa de experiencias, no como una foto estadística exacta.

Cómo se llega al CUD y por qué cuesta tanto

Para empezar, lo más básico y lo más trabado: conseguir el Certificado Único de Discapacidad. La Defensoría relevó que en la Ciudad de Córdoba hay juntas evaluadoras en siete hospitales públicos, dos de los cuales son pediátricos. En esos lugares, los turnos se otorgan con esperas que van de los dos a los tres meses, según el informe. A eso se suman las demoras para conseguir una consulta previa con el especialista que tiene que completar los formularios. Y acá viene un dato importante: el plazo puede variar muchísimo según el hospital, el profesional y la especialidad, así que nadie debería tomar estos números como una verdad única para su caso.

• Turnos para juntas evaluadoras del CUD en hospitales pediátricos: esperas de dos a tres meses.
• Demora para acceder a consultas con especialistas que completan la documentación.
• Prótesis y medicamentos: esperas de entre cuatro y nueve meses, según la Defensoría.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de entre nueve y catorce meses.

“Las demoras se repiten en las prestaciones y en los pagos a los prestadores, que son la otra cara de la misma moneda.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del informe

Mientras esas esperas corren, las familias no se quedan paradas: muchas pagan de su bolsillo. Una de las madres que entrevistaron contó que llegó a gastar entre $150.000 y $180.000 sólo en sesiones, después de sostener atención particular durante alrededor de dos años. El informe también advierte sobre la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres: hay madres que reducen su jornada laboral o directamente dejan ingresos afuera para poder acompañar a sus hijos a las terapias y a los turnos.

Prestadores ahogados: obras sociales y nomenclador

El documento no se queda sólo en la demanda: también mira del otro lado, a quienes ofrecen los servicios. Ahí aparece un dato que, para mí, es clave para entender por qué cuesta encontrar lugar en centros y profesionales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad subieron un promedio del 225%, mientras que la inflación acumulada en ese período llegó al 336%. El desfasaje es concreto y les complica la ecuación a los prestadores, que reciben pagos atrasados de obras sociales y programas estatales de entre varios meses y hasta un año.

El transporte para llegar a las prestaciones es otro punto donde la cuenta no cierra. En ese mismo período, la nafta súper aumentó un 559% y el valor reconocido por kilómetro recorrido, un 231%. La Defensoría vincula esa brecha con la dificultad para sostener los servicios en zonas alejadas y menciona instituciones que tuvieron que recortar gastos de funcionamiento para llegar a fin de mes. Y acá aparece algo que me parece importante destacar: todo esto que cuenta el informe son experiencias recogidas en entrevistas y grupos focales, así que no se puede extrapolar como una verdad universal sobre cada institución, pero sí permite ver un patrón que se repite.

Qué dejó el informe y qué sigue

El cuadro que armó la Defensoría del Pueblo sirve como radiografía de un problema que muchos intuyen y pocos habían puesto por escrito con esa crudeza: la certificación de la discapacidad, las terapias, las prótesis y los medicamentos se convirtieron en una carrera de obstáculos en Córdoba, con esperas que se miden en meses y familias que ponen plata y tiempo propios para sostener lo que el Estado o las obras sociales no llegan a cubrir a tiempo. Por eso, lo que dejó el documento es más que una denuncia: es un llamado a revisar cómo se asignan turnos, cómo se actualizan los pagos a los prestadores y cómo se acompaña a las familias mientras el sistema se ordena. Yo, como te lo cuento acá, lo que rescato es que la historia de Carolina y la de tantas otras familias que hablaron para este informe muestran que, cuando la burocracia aprieta, lo que más se gasta es tiempo de vida.