Procesan a un hombre que ofrecía inversiones en dólares y terminó sin devolver el capital

La Justicia procesó a Juan Gotelli, de 39 años, por estafar a dos hermanos con la promesa de inversiones en moneda extranjera. Según pudo saber este medio, el fallo fue firmado por el juez nacional en lo criminal Martín Yadarola, titular del Juzgado N° 2, quien además le trabó un embargo por 162 millones de pesos.

La maniobra se extendió entre enero de 2022 y los primeros meses de 2023. De acuerdo con la denuncia, los damnificados entregaron en conjunto 55.000 dólares en sucesivos encuentros en cafés del barrio porteño de Recoleta. Uno de los hermanos aportó 10.000 dólares en varias reuniones; su hermana sumó 15.000 dólares adicionales. En ninguna operación recibieron comprobante ni constancia formal.

Devoluciones parciales para sostener la confianza

Durante los primeros meses, Gotelli realizó pagos que presentó como rendimientos de las inversiones. Esos giros parciales reforzaron el vínculo de confianza con las víctimas. A partir de febrero de 2023, cuando los hermanos intentaron recuperar el capital, el acusado comenzó a dilatar las respuestas y en agosto de ese año dejó de responder de manera definitiva.

“No te voy a atender nunca más. Y lo llamás de nuevo a mi viejo y no me ves más. Yo manejo los tiempos, no vos.”Mensaje de WhatsApp enviado por Gotelli a una de las víctimas, incorporado al expediente

El fallo y la estrategia de defensa

Yadarola sostuvo en la resolución que el acusado habría montado un escenario que captó la confianza de las víctimas, simulando trayectoria, conocimiento financiero calificado y acceso a circuitos de inversión exclusivos. El juez también señaló que las devoluciones parciales cumplían la función de sostener la apariencia de legitimidad para obtener nuevos aportes.

En su descargo, Gotelli negó la totalidad de los cargos. Reconoció haber recibido 30.000 dólares —y no los 55.000 que fija la acusación— y atribuyó los incumplimientos al contexto financiero de 2023, que a su entender habría afectado el rendimiento de las operaciones. El magistrado consideró ese argumento insuficiente frente al conjunto de pruebas reunidas.

La imputación recae en la figura de administración fraudulenta, delito que el Código Penal prevé con una pena de entre un mes y seis años. La causa ya fue elevada a juicio oral, según confirmaron fuentes de la Comisaría interviniente. La investigación se inició con la denuncia radicada por las víctimas en marzo de 2024.