Musimundo quedó bajo quiebra: el Juzgado N° 23 de Resistencia revirtió el concurso y abrió el proceso falencial sobre Carsa S.A.

El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia decretó el 2 de septiembre la quiebra de Carsa S.A., la sociedad que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo, y revocó para ello la apertura del concurso preventivo que la propia empresa había obtenido en julio pasado con el propósito de reorganizar sus obligaciones (fuente: expediente "CARSA S.A. s/ Quiebra"). La decisión se fundó en la constatación de "hechos reveladores del estado de cesación de pagos", en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, y fue adoptada tras la intervención de la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez.

Una deuda concursal de 63.500 millones de pesos y un pasivo bancario de 3.060 millones

Vamos a los números: la deuda concursal declarada por Carsa ascendía a 63.500 millones de pesos, mientras que a fines de mayo de 2026 los pasivos bancarios de la compañía sumaban aproximadamente 3.060 millones, con el Banco Nación como principal acreedor por cerca de 1.549 millones de pesos. Se trata de una cifra que, comparada con los 900 millones de pesos que la empresa declaró en su concurso de 2018, evidencia un crecimiento exponencial de los compromisos asumidos por la firma en el lapso de ocho años, incluso descontando el efecto de la inflación acumulada en el período.

El deterioro financiero, según describieron allegados a la sociedad, se tradujo además en el cierre de 20 sucursales de Musimundo en el nordeste argentino —Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones—, locales que la empresa caracterizó como puntos duplicados en plazas donde la marca operaba más de un establecimiento. Esos cierres, concretados en las semanas previas al concurso, dejaron más de 100 puestos de trabajo afectados, de acuerdo con la misma fuente.

La venta frustrada a On City y el plan de reducción aprobado por el directorio

En paralelo al expediente judicial, Carsa mantuvo negociaciones con los dueños de On City, la cadena que opera locales surgidos del recambio de marca de Electrónica Megatone, para transferir 45 sucursales. La operación no prosperó y, el 26 de agosto, el directorio aprobó un plan de reducción de estructura que la sindicatura tomó en consideración antes de que el juez firmara la quiebra. La imposibilidad de cerrar esa venta, sumada al avance de los hechos reveladores de cesación de pagos, configuró el cuadro que el tribunal valoró para revertir el concurso y decretar la falencia.

• La quiebra fue decretada por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia el 2 de septiembre de 2026, con revocatoria del concurso preventivo abierto en julio del mismo año.
• La deuda concursal declarada alcanza los 63.500 millones de pesos, contra 900 millones registrados en el concurso de 2018.
• Los pasivos bancarios a fines de mayo de 2026 sumaban cerca de 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor (aproximadamente 1.549 millones).
• Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino, con más de 100 puestos de trabajo afectados.
• La venta de 45 locales a On City no prosperó, y el directorio aprobó un plan de reducción de estructura el 26 de agosto.
• Los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026; el informe individual está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio de 2027.

Mirado en perspectiva, el expediente marca un punto de inflexión para una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia histórica en el país: la quiebra no sólo cierra el intento concursal de 2026, sino que se inscribe en una trayectoria que ya había incluido un proceso similar en 2018, lo que sugiere que las dificultades estructurales de la firma superan los ciclos económicos puntuales. Resta por conocer cuál será el destino de los locales que quedaron fuera de la operación con On City, cómo se resolverán los créditos laborales de los empleados afectados por los cierres en el nordeste y qué ofertas concretas surgirán ahora bajo el régimen falencial, donde la sindicatura y el juez tendrán la última palabra sobre la continuidad o liquidación de los activos.