Prescripción y libertad: el caso Abregú reaviva el debate sobre los plazos en causas por violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego declaró extinguida la acción penal y ordenó la libertad inmediata de Ramón Ángel Abregú, condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Eva Azulina Falcón, cometido el 23 de enero de 2000 en un consultorio de la clínica Cemep de Río Grande, según pudo saber este medio.

La resolución se adoptó por mayoría, con el voto concurrente de los jueces María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Sergio Diéguez. El juez Ernesto Löffler se pronunció en contra y fundó su disidencia en las obligaciones de protección y sanción de la violencia contra las mujeres previstas en convenciones internacionales.

El camino del expediente

Abregú fue detenido de inmediato tras el ataque y condenado en septiembre de 2000. El 15 de febrero de 2001 escapó de la unidad penitenciaria donde estaba alojado. Permaneció prófugo durante 22 años y se presentó ante la Justicia en 2023 para solicitar la prescripción de la acción penal.

El pedido había sido rechazado en primera instancia por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, integrado por los jueces Eduardo López y Juan José Varela, quienes coincidieron con el fiscal mayor Martín Bramatti en que la evasión constituía un nuevo delito en curso mientras el condenado permaneciera prófugo.

• La mayoría del Superior Tribunal tomó como referencia el precedente “Ilarraz” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre prescripción y garantías constitucionales.
• La clave del fallo fue el sobreseimiento previo en la causa por evasión: para la mayoría, ese antecedente eliminó la causal de interrupción de la prescripción vinculada con la comisión de otro delito.
• El Ministerio Público Fiscal en lo Criminal de Río Grande había sostenido la posición contraria, sin éxito en esta instancia.
• La resolución dispone el sobreseimiento y la inmediata libertad del condenado.

Estado de la causa

Abregú recupera la libertad tras 22 años prófugo. La decisión abre interrogantes sobre cómo se computan los plazos en causas con condenas firmes, en particular cuando el condenado permaneció evadido durante décadas, y sobre la tensión entre los institutos de prescripción y la persecución penal de delitos graves cometidos contra mujeres.