Pandanés, una panadería industrial que se quedó sin pan: 25 locales cerrados, 150 familias afuera y un salvataje en marcha

Veinticinco (esos mil y pico de pesos en pasivo, fuente: expediente del Juzgado Comercial N.º 15). La cifra no es menor: en cuestión de meses, Pandanés pasó de operar una red con presencia en el área metropolitana de Buenos Aires a cerrar la totalidad de sus sucursales y dejar en la calle a 150 trabajadores, en un proceso que combina caída abrupta del consumo, sobredimensionamiento productivo y una disputa judicial que podría redefinir el futuro de la compañía y de sus empleados. Vamos a los números.

La empresa, que llegó a emplear a 150 personas, presentó el pedido de quiebra ante el Juzgado Comercial N.º 15 con un diagnóstico contundente: una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos y una planta industrial pensada para cincuenta locales que, con la red actual, quedó con capacidad ociosa. La cesación de pagos, según consta en el expediente, se arrastra desde octubre de 2025, lo que da una idea de la profundidad del deterioro.

Una fábrica pensada para el doble de la operación

La planta de 1.778 metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 cuando el negocio crecía, fue dimensionada para abastecer hasta 50 sucursales propias. Con el cierre consecutivo de locales, esa estructura quedó muy por encima de las necesidades reales, mientras los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantenían sin variaciones. El desfasaje entre inversión productiva y volumen operado aparece, en la lectura del expediente, como uno de los factores que aceleraron la crisis.

En paralelo, la empresa denunció el encarecimiento de insumos clave, en particular la harina, golpeada por la suba internacional del precio de los granos, junto con incrementos en servicios y salarios actualizados por paritarias. La gerente de Pandanés, Lise Lundme Funch, describió ese cuadro como “un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos”, y reconoció que las renegociaciones de alquileres, los cambios de proveedores y los acuerdos con el fisco no alcanzaron para revertir la situación. Comparado con la campaña 2023, cuando la cadena todavía expandía su red, el contraste es marcado: lo que entonces era motor de inversión y de explotación se transformó, dos años después, en pasivo acumulado.

La Justicia abrió un salvataje y congeló la quiebra

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de cuotas sociales. La decisión se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. Al momento del concurso preventivo, el pasivo de la empresa rondaba los 1.200 millones de pesos.

• 25 sucursales cerradas en el área metropolitana.
• 150 empleados desvinculados, en muchos casos por WhatsApp.
• 1.778 m² de planta industrial ociosa, dimensionada para 50 locales.
• Pasivo cercano a $1.200 millones al momento del concurso.
• Plazo de cinco días abierto para registrar propuestas de salvataje.

La decisión del magistrado, en la práctica, congela cualquier liquidación inmediata y abre una ventana para que los trabajadores —a través de una cooperativa— o algún grupo acreedor intente sostener la operación. La sindicalizadora Pilar Bravo reclamó, además, que se precise el destino de los bienes y se garantice el pago de indemnizaciones. Lo que falta saber es si en esos cinco días hábiles aparecerá una propuesta concreta de rescate, cuál será el mecanismo para que los 150 empleados puedan retirar sus pertenencias de los locales cerrados y, sobre todo, si el salvataje llegará antes de que la red de panaderías se disuelva por completo.