Mendoza ofrece una mediación gratuita para que familias renegocien deudas con tarjetas y préstamos de consumo

Los consumidores con domicilio real en Mendoza pueden solicitar ante el Estado provincial una conciliación gratuita para renegociar deudas acumuladas con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos de consumo, en un esquema que entró en vigencia con la creación de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC) (fuente: Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza).

El mecanismo se inscribe en un cuadro más amplio de deterioro del poder adquisitivo de los hogares, que arrastra varias campañas sucesivas con caída del consumo masivo. En comparación con la campaña anterior, la proporción de familias que destina más de la mitad de sus ingresos al pago de obligaciones financieras se mantuvo en niveles elevados, según relevamientos privados del sector, lo que reconfiguró la demanda de instancias formales de mediación.

Vamos a los números: qué umbrales y qué topes establece la normativa

• Los compromisos financieros deben superar el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.
• En hogares en situación de especial vulnerabilidad, el umbral desciende al 25%.
• El capital total adeudado no puede exceder el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de iniciar el trámite.
• Los acreedores cuentan con hasta 10 días hábiles para responder a la citación de Defensa del Consumidor.

El procedimiento no fija de antemano quitas ni reducciones de capital: las alternativas que pueden discutirse en la mesa de negociación comprenden la extensión de los plazos de pago, la aplicación de esperas, la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y la readecuación de los esquemas de cuotas. Cualquier modificación, sin embargo, requiere el acuerdo expreso de las entidades acreedoras, dado que la Provincia carece de facultades para imponer condiciones de manera unilateral sobre contratos entre privados.

Entre los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados por la normativa figuran los hogares con menores de edad a cargo, las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los trabajadores desocupados, los beneficiarios de programas sociales y los trabajadores informales. El alcance del mecanismo se limita a préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y obligaciones contraídas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.

Quedan fuera del procedimiento

La conciliación no aplica a obligaciones con garantía hipotecaria, deudas alimentarias, multas y sanciones penales, ni a deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar. El trámite exige, además, que el solicitante acredite condición de consumidor final y que atraviese una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.

El inicio del procedimiento requiere la presentación de un detalle de acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor queda a cargo de la citación a las entidades, cuya respuesta en plazo resulta determinante para destrabar la instancia. Resta por conocer, en la práctica, el grado de adhesión de los acreedores a las propuestas de reestructuración y el volumen de hogares que efectivamente accederán al beneficio durante los primeros meses de funcionamiento de la OCDC, dos variables sobre las que, por ahora, no hay datos públicos disponibles.