Extienden hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo rural temporario con planes sociales

(Alrededor de 50.000 personas, según el Boletín Oficial). El Gobierno nacional extendió hasta el 1 de septiembre de 2027 el régimen que permite a los trabajadores rurales temporarios y estacionales mantener sus planes sociales mientras acceden a un empleo registrado en el campo, según el Decreto 1204/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial. La cifra de alcance se incrementó respecto de la campaña anterior, cuando el universo de beneficiarios directos se estimaba en torno a los 45.000 aportantes, y supera también los registros de 2023, previos a la actualización del padrón.

La medida resuelve una de las disyuntivas estructurales del trabajo agropecuario: para miles de familias rurales, aceptar un empleo formal durante la temporada de cosecha implicaba, hasta 2021, el riesgo de perder las asignaciones y programas sociales que sostienen el hogar el resto del año. El esquema vigente desde entonces admite que ambas cosas coexistan, siempre que la contratación se encuadre en las modalidades previstas por la Ley de Trabajo Agrario.

Vamos a los números

El decreto alcanza a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales y a los comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial. En este universo, unas 50.000 personas perciben beneficios sociales en forma directa, a las que se suman alrededor de 83.000 hijos de aportantes, de acuerdo con la letra del decreto y los anexos publicados en el Boletín Oficial. El total de 133.000 beneficiarios implica un crecimiento del orden del 15% respecto de la campaña anterior, cuando el padrón alcanzaba a aproximadamente 115.000 personas.

• Asignaciones familiares por hijo, con un piso equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo.
• Tarjeta Alimentar, que se mantiene independientemente de la duración del contrato.
• Programa Volver al Trabajo, sujeto a las condiciones de cada caso.
• Beneficios monetarios que, tras seis meses de empleo continuo, pasan a computarse como parte del salario —con excepción de la Tarjeta Alimentar— para facilitar la transición al empleo formal pleno.

Un punto sensible para el ingreso familiar es el piso establecido para las asignaciones: durante la vigencia del contrato agrario, esas prestaciones no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que fija un umbral mínimo de protección para los hogares con hijos, independientemente de la duración efectiva de la temporada. La cláusula extiende a los trabajadores temporarios una garantía que, en otro contexto, solo rige para desocupados o trabajadores informales, y que durante la campaña anterior había quedado en discusión por la falta de actualización del propio régimen de incompatibilidades.

La otra cara: los incentivos a los empleadores

El esquema también contempla una reducción de las contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, un beneficio destinado a promover la registración laboral en el sector agropecuario. Se trata de un incentivo que ya formaba parte de la versión original del régimen y que se renueva sin modificaciones, con alícuotas diferenciadas según el tamaño del establecimiento y la ubicación geográfica, según consta en los considerandos del decreto. Para UATRE, ese punto resulta central, dado que durante la campaña anterior alrededor de 120.000 puestos de trabajo rural estuvieron en riesgo por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen, un escenario que la nueva prórroga busca desactivar.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para sostener la registración laboral en las economías regionales y evitar que los trabajadores queden atrapados en la informalidad.”UATRE, en un comunicado previo a la renovación del régimen

Qué falta saber

La prórroga despeja la incertidumbre sobre la continuidad del régimen hasta 2027, pero deja abiertas varias definiciones que el decreto no precisa y que recién podrían aclararse cuando el Ministerio de Capital Humano publique la reglamentación complementaria. Entre los puntos pendientes figuran la actualización de los montos de las asignaciones familiares para el segundo semestre del año, el mecanismo concreto para que la Tarjeta Alimentar se mantenga fuera del cómputo salarial tras seis meses de empleo continuo, y los criterios de fiscalización que se aplicarán a los empleadores para verificar el encuadre de los contratos en las modalidades contempladas. También queda por definirse cómo se articulará este régimen con el nuevo régimen de empleadores agropecuarios que impulsa el Gobierno desde principios de 2026, un punto que el propio Boletín Oficial menciona como pendiente de coordinación.